El espionaje se suma al litigio fronterizo entre Chile y Perú

Un suboficial peruano está acusado de vender al Gobierno chileno información reservada sobre la compra de armas.

Las acusaciones de Perú contra Chile por un presunto caso de espionaje vuelven a poner en primera línea la difícil relación entre los dos países sudamericanos, que comparten una historia sinuosa y repleta de encontronazos diplomáticos e incluso bélicos.

En este caso, la escalada de tensión comenzó hace nueve días, cuando se hizo pública la detención, el pasado 30 de octubre, de Víctor Ariza, suboficial de la Fuerza Aérea de Perú, acusado de proporcionar información reservada a Chile sobre la compra de armamento de su país. A partir de entonces comenzó la guerra dialéctica entre los dos países, que culminó con la entrega de cuatrocientos folios de documentación a la Embajada chilena en Lima, acompañada de una nota de protesta. En el documento se incluyen las transferencias de dinero que supuestamente Chile enviaba a Ariza en concepto de pago por sus servicios, un total de 120.000 euros que demuestran, según la fiscalía peruana, la conexión entre el Gobierno de Santiago y el presunto espía.

Pruebas

El primer ministro peruano, Javier Velásquez, aseguró que también cuentan con pruebas sobre los frecuentes viajes de Ariza a Chile, así como evidencias que amplían el círculo de espías más allá del protagonista. De hecho, otro suboficial del Ejército está prófugo y dos supuestos militares chilenos también han sido detenidos por su relación con la trama.

El presidente Alan García, que regresó de una cumbre en Singapur, donde también estaba Michele Bachelet, en cuanto estalló el escándalo, acusó a Chile de ser una «republiqueta» que sigue practicando «costumbres pinochetistas». A esto, el ministro de Exteriores del país transandino, Mariano Fernández, contestó descartando de plano la participación del Gobierno chileno «en cualquier actividad ilegal en la relación entre los dos países».

A pesar del descargo, Perú canceló las visitas previstas de varios de sus ministros a Chile y llamó a consultas a su embajador en Santiago. Desde allí, altos cargos del Ejecutivo atribuyen el conflicto al litigio que ambos países dirimen por la delimitación de sus fronteras marítimas. Lima elevó el asunto al Tribunal Internacional de La Haya en enero del 2008 y todavía no ha habido una resolución, que se espera para un plazo de cinco años.

Fuente:

http://www.lavozdegalicia.es/mundo/2009/11/22/0003_8123281.htm