La marcha de este jueves es organizada por la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), la mayor central sindical, de orientación izquierdista y opositora al gobierno de Alan García y busca protestar por las inversiones chilenas en áreas estratégicas.

Las marchas del viernes, en cambio, son convocadas por el Gobierno en Lima y Tacna, fronteriza con Chile, 1.340 km al sur de Lima, y son en favor de la paz y contra el armamentismo, en momentos en que Perú lidera una campaña por el desarme en América del Sur.

Ambos eventos están bajo el impacto de la denuncia peruana de espionaje del suboficial de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) Víctor Ariza en favor de Chile, en que estarían implicados dos agentes de inteligencia de ese país, un caso descubierto por la prensa el 12 de este mes y que ha tensado las relaciones bilaterales.

El secretario general de la GGTP, Mario Huamán, señaló las razones por las cuales prefirió realizar una marcha independiente este jueves y no participar el viernes.

"El gobierno no ha asumido una posición firme y convincente frente al espionaje de Chile y sigue con su política contemplativa y pro-chilena", aseveró Huamán quien reclamó que "ya no se debe permitir el ingreso de capitales chilenos a áreas estratégicas".

La oposición señala que hay una marcada presencia chilena en sectores aerocomercial, de comunicaciones, puertos y energía eléctrica dentro de una inversión total de ese país de más de 7.000 millones de dólares en Perú.

Huamán subrayó que "los gremios sindicales ciertamente repudiamos el espionaje chileno, pero también pedimos la revisión total de las relaciones diplomáticas comerciales con Chile".

Remarcó que la CGTP y la oposición de izquierda reclaman que el Tratado de Libre Comercio entre Santiago y Lima, vigente desde marzo pasado, debió ser aprobado por el Congreso, trámite que no siguió el gobierno por considerar que era la continuación de un acuerdo de complementación económica al que sólo se hicieron algunos ajustes.

El caso está en manos del Tribunal Constitucional que debe pronunciarse en enero si el TLC con Chile se ajusta o no a la Constitución.

La ministra de Trabajo, Manuela García, estimó que "más de 10.000 personas asistirán a la Marcha por el Perú este viernes; somos una nación que no cree en armamentismos ni en mecanismos de disuasión agresiva y mucho menos en el espionaje que son prácticas ajenas a un país que quiere progresar y avanzar".

Por su parte, la ministra de la Mujer, Nidia Vílchez, anotó que "los peruanos diremos no a la agresión y esperamos que habiendo recibido ya Chile las pruebas de este espionaje, podamos tener en los próximos días una respuesta real de ese país".

El caso de espionaje salió a luz el mismo día en que Chile confirmó que negocia con Estados Unidos la adquisición de misiles aéreos Stinger y Aim y radares Sentinel por un valor total de 665 millones de dólares.

Perú considera que hay una carrera armamentista en la región que debe ser frenada, por lo que presentó en setiembre ante la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) una propuesta para un acuerdo de paz y no agresión en la región.

Lima entregó a Santiago la semana pasada la documentación que probaría el espionaje, reclamando sanción a los responsables. El canciller chileno Mariano Fernández respondió que su país estudiará cuidadosamente los documentos aportados para dar una respuesta.

Fuente:

http://noticias.latam.msn.com/pe/peru/articulo_afp.aspx?cp-documentid=22729412